¿Todo lo del pobre es robado?

Manifestación Por El Colectivo

Por Rubén Darío Zapata

Aunque todavía no eran las nueve de la mañana, la furia del sol azotaba inclemente todo bajo el cielo. En la calle, la gente que no llevaba sombrilla caminaba deprisa, casi corriendo, como si lloviera. Con todo y ello, un grupo de personas se había atrevido a desafiar al Niño, al sol y a las autoridades y había organizado una barricada humana en medio de la carretera, para impedir el paso de los carros. Eran los vecinos recién llegados a la urbanización Amaneceres, ubicada en la ciudadela Nuevo Occidente de Medellín, entre la estación Aurora del Metrocable y la urbanización Cantares, al frente de Villa Suramericana.

Se trata de una unidad de seis torres, con 400 apartamentos, de los cuales hasta ahora solo hay ocupados unos setenta, a pesar de que la obra está terminada hace ya casi un año. Esta es una muestra de las cien mil viviendas gratis que prometió el gobierno de Santos. Muchas de las familias allí instaladas han sido antes desplazadas del campo o han sufrido la violencia urbana y han tenido que desplazarse internamente, de un barrio a otro. O son desplazadas por los nuevos proyectos de embellecimiento de la ciudad. En todo caso, la mayoría carga con la marca de la pobreza y la violencia que los han arrinconado.

En las dos pancartas, improvisadas en cartulina, que enarbolaban los manifestantes, exigían agua. Entre la algarabía, sobresalía el grito de una mujer indignada, al frente de la manifestación. Su cara estaba enrojecida y sus ojos hinchados como si ya hubiera llorado demasiado. Decía que ellos tenían niños, algunos recién nacidos, y que también había ancianos. Que dejarlos sin agua era matarlos.

En un santiamén llegaron dos motorizados de la Policía, pues la estación está justo debajo de la estructura de la estación del Metrocable. Se bajaron y observaron. Al ver que el grupo de personas era pequeño y muchos eran niños y adultos mayores intentaron disolverlo a la fuerza. Pero se sorprendieron ante una resistencia que no esperaban. Sobre todo, la señora que encabezaba la protesta los enfrentó con decisión.

-Agárrenla y métanla al calabozo -gritó un tipo adulto que pasaba para su apartamento en

Villa Suramericana. No era un chiste imprudente, pues la voz era recia y salía de una boca apretada y una cara fruncida. La mujer lo miró con ojos de leona herida y el tipo se escabulló.

-De aquí ustedes me sacan pero muerta -espetó a los policías.

-Pero ¿por qué no entienden que es un racionamiento que nos toca a todos? -gritó una señora desde el balcón de su apartamento-. No puede ser que ahora quieran pelear por todo.

La misma señora corrió hacia el prado, debajo del balcón de la que había increpado, y empezó a gritar para que todos escucharan:

-Para ustedes hay racionamiento -dijo-. Apenas les quitaron el agua ayer en la tarde y esta madrugada se la pusieron. Pero nosotros ya llevamos más de seis días sin agua. Si no hubiera sido por el Padre de la parroquia que nos ha socorrido, no sé qué hubiera pasado. Pero él ya no nos puede dar más agua, somos muchas familias, y además a quien le corresponde es a EPM (Empresas Públicas de Medellín).

Otros de los manifestantes empezaron a explicarles a las autoridades la injusticia de la situación. Según ellos, cuando llegaron a la Unidad, EPM les instaló todos los servicios. Pero al poco tiempo les quitó el agua. Entonces empezaron a llamar y lo que les contestaron fue que EPM no tenía nada que ver con el asunto porque ellos no estaban pagando.

-Pero eso es absurdo - increpaban ellos-. Sí el más viejo de estar aquí no tiene un mes. A nadie le ha llegado siquiera la factura.

A pesar de la coherencia del reclamo, esa misma respuesta absurda fue la única que recibieron siempre que llamaron. Hasta que no pudieron más y se lanzaron a la calle para hacerse escuchar de otra manera.

También por la educación

Las arengas también clamaban por el derecho a la educación de los hijos.

-Es que ahora no nos quieren recibir a nuestros hijos en el colegio -explicaba uno de los manifestantes.

Y eso suena un poco paradójico. Pues al lado de la urbanización Cantares se ha construido un megacolegio que debe empezar a funcionar este año, por lo tanto no se explica que los recién llegados no encuentren ya cupo para sus hijos.

-Dicen que no nos los pueden recibir -insistía la voz anterior- porque nosotros no hicimos la preinscripción. Pero nosotros no sabíamos eso. Y aunque lo hubiéramos sabido, lo que no podíamos predecir era cuándo nos iban a entregar el apartamento, pues aunque estaban terminados hacía mucho rato nadie se movía a entregarlos ni nos daban razones de por qué mantenían los apartamentos desocupados.

¿Un periodo de prueba?

El grupo que realizó la protesta siempre fue pequeño, aunque se mantuvo en la calle casi dos horas. Ello podría explicarse en parte porque todavía son pocas las familias que habitan esta nueva unidad y muchos de sus integrantes, a pesar de la falta de agua, tuvieron que salir a trabajar. Pero también porque sobre estas familias pesa una amenaza latente que, indirectamente, las inhibe para cualquier movilización.

Ninguna de ellas tiene escrituras de sus apartamentos, pues el gobierno se inventó una especie de periodo de prueba para adjudicarlos definitivamente. Este periodo dura seis meses, durante los cuales sus beneficiarios deben mostrar un correcto comportamiento, respeto por las reglas de convivencia y otros tantos requisitos no necesariamente explícitos, que quedan a juicio de los adjudicadores.

-Incluso atrasarse demasiado en el pago de los servicios públicos puede ser un problema

en este periodo de prueba -comenta uno de los señores presentes en la protesta.

Si durante estos seis meses la familia viola alguno de esos requisitos, el gobierno puede revertir la decisión y quitarles el apartamento.

-Ya en otra unidad de Robledo el gobierno lo aplicó a 200 familias porque no pasaron este periodo de prueba.

Tal vez lo peor del asunto es que la gente ha recibido este abuso de autoridad como si fuera normal. La protesta misma no impugnaba esta actitud arbitraria del gobierno, que pone como requisito de la asistencia social el sometimiento de los beneficiarios.