La guerra que se ha vivido en Anorí, Antioquia, ha instaurado la desconfianza en los campesinos, pues los gobiernos de turno se han aprovechado de sus necesidades con promesas y ahora con la implementación de los acuerdos los están confundiendo.

Por Bibiana Ramírez – Agencia Prensa Rural

A lo lejos, en medio de la montaña, irrumpen con el paisaje selvático, unos ranchos de plástico rodeados de lona verde. Parece un barrio de invasión típico de Medellín. También se divisan algunas carpas blancas que resaltan entre tanto verde. Es el punto transitorio de normalización del frente 36 de las FARC, ubicado en la vereda La Plancha de Anorí.

Esta vereda está ubicada a una hora del casco urbano. El mototaxista me muestra un abismo donde hace cinco años una chiva se rodó y murieron ocho personas. La carretera es angosta y llena de huecos. Hay un retén de la Policía, donde todo el que pasa debe informar para dónde va y a qué, pues es el primer anillo de seguridad para el PTN.

Este municipio, al nordeste de Antioquia ha sido estigmatizado como uno de los más violentos. Y es que allí los campesinos han vivido épocas oscuras y las armas de todos los bandos los han rodeado. Sin embargo hoy el panorama es diferente, la fuerza y esperanza de sus habitantes es más poderosa. La asociación de campesinos del Norte de Antioquia, Ascna, desde el 2011 ha estado acompañando y formando líderes para que defiendan sus derechos.

El historial de promesas para este municipio es grande y también de incumplimientos. La mayoría desconfía de la “voluntad” del gobierno justo ahora, cuando en otras épocas no hubo ninguna presencia. Por ejemplo la carretera que conecta con Medellín no está pavimentada y es una de las promesas que han hecho todos los candidatos a la alcaldía.

Estragos de la guerra

Desde los setenta la guerrilla del ELN ha hecho presencia en esta zona. En los ochenta llegaron las FARC. Y con el fin de contrarrestar los grupos guerrilleros, llegaron las AUC desde el Bajo Cauca, lo que hizo que las confrontaciones en las veredas y el mismo municipio fueran una constante.

Anorí era apetecido por las grandes cantidades de oro que sus montañas albergaban, por el cultivo de la hoja de coca que llegó desde el año 93 y por los proyectos hidroeléctricos que se estaban gestando a los alrededores del municipio.

“Nos tocó vivir en medio del conflicto, cada cuatro días había enfrentamiento entre paras y guerrilla. Uno estaba durmiendo y era la plomacera. Al otro día los muertos”, cuenta Homero, un campesino de la vereda Tenche Limón.

Las minas antipersona en Anorí son una de las huellas que les ha dejado la guerra. En los últimos treinta años han resultado 164 víctimas, de las cuales 31 han fallecido por la gravedad de sus heridas, según la dirección para la acción integral contra minas antipersona. Las minas aún se mantienen.

“Los campesinos sabemos dónde están las minas y por dónde no nos podemos meter. Uno se siente oprimido, no hay libertad en el campo. Necesitamos sembrar, cortar madera, abrir pastos, pero uno está limitado. Nos dieron el informe de que cada 400 metros hay una mina”, afirma Homero.

Pero las minas no sólo las sembró la guerrilla, también el Ejército. Ellos mismos les decían a los campesinos en qué lugares las ponían. “Se va aquedar la vereda Los Trozos sin electrificación por la minas. La empresa no fue porque no había seguridad. Y son unas 300 familias afectadas”, asegura Homero.

Economía y lucha

En Anorí no ha existido la vocación agrícola. La minería es la herencia que han recibido de los indígenas. La ganadería ha sido la fuente principal de ingresos. Luego llega la coca que se intercala con el oro y el ganado.

Pero el cultivo de coca también ha representado gran preocupación para los campesinos. Desde el 2003 los gobiernos han fumigado con glifosato. “Es una afectación fuerte. Las tierras rebajaron la producción, se pusieron estériles. Todos los bosques que fumigaban se secaban hasta la mitad. Venían enfermedades como lepra, rasquiña, tenía uno que esconderse, los animales sufrían, los niños nacían con deformidades en el cuerpo”, asegura Jorge Mesa, líder en Ascna.

En el 2008 hubo el primer paro de cinco mil campesinos en el casco urbano. Salieron de sus veredas porque las fumigaciones eran extremas, perseguían la pequeña minería y no había inversión social ni garantías de vida. “No logramos nada, solo problemáticas, detenciones. No se dio ningún acuerdo. El gobierno nacional y departamental se comprometieron con una inversión y no cumplieron. Yo fui uno de los detenidos”, recuerda Jorge Mesa.

En el 2011 volvieron a las calles. Esta vez salieron 6800 personas. Se quedaron dos semanas en el parque. También lograron unos acuerdos. Sin embargo las fumigaciones no pararon hasta hace tres años que se vienen dando los acuerdos de paz.

Proyectos institucionales

Llegamos a la vereda La Plancha, pues se realizaría una reunión con la institucionalidad para presentar un proyecto a la comunidad. Antes de llegar a la caseta veredal hay un campamento del ejército y luego está el mecanismo de monitoreo y verificación. En la caseta estaban reunidos unos sesenta campesinos y unos diez funcionarios públicos. Más adelante está el PTN.

Humberto Vergara, de la gobernación de Antioquia inicia su intervención asegurando que “la idea de la Gobernación es recuperar el campo para generar condiciones de vida digna” y que van a dar unos talleres sobre el manejo del conflicto. Palabras que no dejan muy contentos a los asistentes, pues nunca la Gobernación ha hecho presencia allí y es la gente la que más sabe del conflicto, pues lo han vivido en carne propia.

Una de las intenciones de la reunión era darles a conocer que Invías va a invertir en el arreglo de la carretera. Lo paradójico es que no se sabe con cuánto dinero cuentan para esto y entre quiénes debe repartirse el proyecto. Al tiempo que el funcionario de la Alcaldía proponía otro proyecto de mejoramiento de vías. Propuestas que sólo lograron enredar a los campesinos. Pues fue una reunión improvisada y entre ellos no acordaron qué proyectos presentar. Parecía un oportunismo más de las alcaldías locales y de la misma Gobernación.

Después Natalia Marín de la Agencia para la renovación del territorio, ART, les informa que desde el gobierno nacional hay trecientos millones de pesos para invertir en las seis veredas que están cerca al PTN, aunque el dinero no tenga que ver con el acuerdo de paz. Les dice que esta inversión se entregará a través de proyectos comunitarios de pequeña infraestructura, PCI.

En este punto logran un enredo más grande porque les piden a los campesinos que saquen un solo proyecto para las seis veredas de esa zona. Pero las prioridades de cada vereda son distintas. Al final, velozmente, acordaron el mejoramiento de casetas comunales y placas polideportivas.

“Cuál es el afán. Ellos dicen que el tiempo es corto, eso nos genera dudas. Dicen que ahora esto sí es diferente. Lo llevan en el alma. ¿Y desde cuándo tanto amor? No nos podemos hacer ilusiones. Ellos nos quieren enredar. Lo que vemos es que el acuerdo de paz se está quedando en el papel, miren esos muchachos allá en el PTN viviendo como en un desierto”, dice Glavedis, campesina de La Plancha.

Al final quedó el sinsabor con la forma como el gobierno va a realizar los proyectos, pues las comunidades tenían la esperanza de que las cosas iban a cambiar. Y para completar, la funcionaria de ART les dijo que “vamos a dar una ayuda en efectivo y almuerzo. Son de unos ahorritos que hicimos”. De nuevo las limosnas. Todos regresan a sus casas, un poco desconcertados. Mientras tanto en el PTN siguen en la construcción de las viviendas y cada día aplazando más la educación.