Yhobán Hernández/ Agencia de Prensa IPC Cuatro empresarios bananeros, ganaderos y palmicultores de Urabá estarían urdiendo un presunto plan para atentar contra Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros; Carlos Páez, fiscal de la asociación de reclamantes Tierra y Paz; y una investigadora del equipo de tierras del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien pidió la reserva de su identidad.

La denuncia fue radicada por esas organizaciones este 9 de julio ante la Fiscalía, seccional Antioquia, luego de que habitantes de la región dieran aviso a los tres defensores de derechos humanos sobre el riesgo que corrían sus vidas.

“El plan criminal, según la información que tenemos, lo integran cuatro empresarios: Ángel Adriano Palacios Pino, José Arley Muñoz, Luis Fabio Moreno Ruiz y Jaime Antonio Uribe Castrillón”, reveló Gerardo Vega.

Dichos empresarios habrían celebrado varias reuniones en una finca ubicada en el kilómetro 40 de la vía Panamericana, frente a la hacienda El Trébol, en el Municipio de Turbo, Urabá antioqueño.

El objetivo de esos encuentros sería “planear atentados con el propósito de detener los procesos judiciales de restitución de tierras, que cursan contra ellos como presuntos despojadores”, señala la denuncia.

Para Carlos Páez, presidente de Tierra y Paz estas amenazas son muy delicadas para su organización y el movimiento de reclamantes de tierras porque “desde el año 2004, antes de la ley de Justicia y Paz, nos vienen asesinando compañeros. Nosotros venimos denunciando ante el Gobierno, pero hoy las personas tienen miedo y puede haber un desplazamiento masivo porque los campesinos se sienten desprotegidos”.

Diego Herrera Duque, presidente del IPC, manifestó que este tipo de situaciones tratan de generar miedo impedir la acción de las organizaciones sociales, pero “por el contrario nosotros siempre saldremos a denunciar de frente, aunque lógicamente habrá que valorar con las comunidades cuál es la implicación que este tipo de plan criminal tiene para la región”.

Herrera agregó que el contexto actual, en el que según datos de la Defensoría del Pueblo han sido asesinados más de 300 líderes sociales en el país, muchos de ellos reclamantes de tierras, se hace necesario realizar un pacto político en Urabá con la participación de sectores políticos, gremiales y organizaciones sociales, y acompañamiento de la comunidad internacional, “por el derecho a la vida de las personas que habitan ese territorio”.

Este pacto sería similar al que firmaron el pasado 9 julio el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el mandatario entrante, Iván Duque, para proteger la vida de los líderes en el país.

Empresarios son opositores en procesos de restitución de tierras

“No es la primera vez que estas personas figuran en investigaciones de la Fiscalía”, afirmó Gerardo Vega, quien explicó que desde hace ocho años se ha entregado información a la Fiscalía 75 Especializada en Bogotá y se han hecho acusaciones por parte de “diferentes víctimas y organizaciones sin que nada pase hasta ahora”.

Algunos de estos empresarios, anotó Vega, fueron denunciados por los exjefes paramilitares en los procesos de Justicia y Paz como financiadores del paramilitarismo en Urabá y beneficiarios del accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De hecho, en 2014, las autoridades capturaron a Adriano Palacio Pino, conocido como “Negro Pino”, por cargos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir en un proceso por despojo de tierras en Urabá. Pero tiempo después el empresario fue dejado en libertad. Ver: Capturados por despojo de tierras en Urabá

Por otra parte, la empresa Todo Tiempo S.A., del empresario Fabio Moreno y su familia, dueña de la Hacienda Monteverde, fue obligada a devolver 207 hectáreas de tierra que les fueron despojadas por paramilitares a cuatro familias campesinas en la vereda Los Cedros, municipio Belén de Bajirá, departamento de Chocó, en los años noventa. La orden fue emitida en sentencia de restitución de tierras en el año 2015. Ver: Ordenan restitución a familias que reclamaban predios en la hacienda Monteverde en Urabá

Y en el caso de Jaime Uribe y Arley Muñoz, después de un largo y complicado proceso de reclamación de predios sobre la Hacienda Guacamayas en el municipio de Turbo, la Corte Constitucional emitió en 2017 una sentencia en la que favoreció a familias campesinas que fueron despojadas de sus tierras por paramilitares entre los años 1996 y 1997.  Ver: Corte Constitucional falla en favor de campesinos reclamantes de tierra en Urabá

Esta decisión puso fin a un proceso lleno de obstáculos para los reclamantes y la Fundación Forjando Futuros que en varias ocasiones denunciaron falta de garantías por parte de los organismos de justicia y recibieron fallos adversos del Tribunal Superior de Medellín y de la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron anulados por la Corte Constitucional.

Para Gerardo Vega, este fallo podría ser una de las razones por las cuales estaría urdiendo un plan en contra de su organización así como de Tierra y Paz y el IPC:

“Creemos que es una respuesta a que hemos ganado los procesos de Guacamayas, donde son cerca de 4.000 hectáreas para 120 familias reclamantes; y que acabamos de ganare unos procesos de restitución de tierras en California, donde nació el proceso de Chiquita Brands —la multinacional bananera que, ante una Corte de Estados Unidos, reconoció la financiación de paramilitares en Colombia—”.

El abogado anotó además que los cuatro empresarios denunciados por este presunto plan son opositores en procesos de reclamación de predios que se adelantan en el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, Bajo Atrato chocoano; donde a finales de 2017 fueron asesinados los reclamantes Mario Castaño Bravo, baleado en su finca el 26 de noviembre de 2017, y Hernán Bedoya, asesinado el 8 de diciembre de ese año. Ver: Despojo de tierras en las cuencas de La Larga y Tumaradó: reclamos por la verdad y la restitución

Frente a este contexto, el llamado de Diego Herrera fue a la Fiscalía para que cumpla con su función de investigar a los responsables de las agresiones a reclamantes y defensores de derechos humanos en Urabá, “porque están claros los autores y hay reiteración”.