Por agencia de prensa IPC

El balance del primer año del acuerdo se da en un ambiente de polémica y desconfianzas ante los cambios que sufrió el proyecto de Jurisdicción Especial de Paz a manos del Congreso y la Corte Constitucional. El Gobierno dice que la implementación va bien. Las FARC piensan otra cosa.

El 24 de noviembre de 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el entonces máximo comandante de la guerrilla de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, firmaron en el Teatro Colón de Bogotá, por segunda vez, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Hoy, un año después, distintos informes y analistas empiezan a generar alertas en torno a la implementación. Sin embargo, destacan que el contexto de violencia ha cambiado.

Esto último es lo que más resaltó el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, quien afirmó que “en el primer año del acuerdo se ha desmontado toda la violencia que se generaba alrededor de la confrontación con las FARC”.

Según explicó el funcionario, en este periodo se produjo el desarme completo del otrora grupo guerrillero, “que ha entregado 9.000 armas y 70 toneladas de material de guerra, y que ha hecho el tránsito hacia la vida civil, económica, social y política, constituyéndose como un partido político reconocido por las autoridades colombianas”.

De hecho, el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación destacó que el proceso de dejación de armas de las FARC ha sido uno de los más éxitos del mundo, pues en promedio cada guerrillero entregó 1.3 armas, lo que supera el balance de Afganistán que tenía el promedio más alto con 0.76 armas por desmovilizado y, en el caso colombiano, de la desmovilización paramilitar en la que se entregaron 0.6 armas por excombatiente.

El estudio también destaca que desde que empezó el proceso de paz en 2012 y hasta 2016 cuando se firmó el acuerdo final, los homicidios en Colombia se redujeron en 3.695 vidas, el 27% (957 vidas) en los 242 municipios donde operaron las FARC. También se puede observar reducción en el secuestro que pasó de 3.306 casos en 1998 a 150 este año, y las víctimas de minas antipersonal que fueron 1.281 en 2006 frente a 15 en lo corrido de 2017, explicó Ariel Ávila, analista de Paz y Reconciliación. No obstante, la organización hizo una alerta porque el 2017 se reporta un incremento en los índices de homicidios en 123 municipios.

Por su parte, el primer informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, encargado por el Gobierno y las FARC para hacerle seguimiento al proceso, concluyó que “se ha alcanzado un progreso significativo, dada la complejidad de la implementación de este Acuerdo de Paz”, pero señaló “que existen dificultades que necesitan ser atendidas con urgencia y con sentido estratégico”. (Kroc. 2017: 17)

El informe se desarrolló con base en el análisis de 3.500 eventos de implementación del acuerdo colombiano, los cuales fueron sistematizados por el equipo de Kroc en una matriz de información que alberga la mayor cantidad de datos existentes sobre la implementación de acuerdos de paz firmados desde 1989 en el mundo.

Al cotejar la información del caso colombiano con el de otros países, el informe concluyó que “el ritmo de la implementación del Acuerdo en los primeros meses del proceso es equivalente o más rápido que el de otros acuerdos de paz integrales analizados por el Kroc y, si se superan los obstáculos presentes, el proceso está en camino hacia una implementación efectiva”.

Sin embargo, del lado de las FARC el balance es preocupante, manifestó Manuel Antonio González Benítez, integrante del Consejo Nacional de los Comunes en la dirección nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC) y miembro del equipo estructurador de esa colectividad en Antioquia.

“Si comparamos lo que nosotros hemos cumplido con lo que el Gobierno debe cumplir, le llevamos ventaja. Nosotros nos agrupamos, hicimos dejación de armas, hicimos pedagogía de paz, y los organismos internacionales han sido testigos. Mientras que el Gobierno ha venido cumpliendo unas cosas mínimas con muchas dificultades”, comentó Manuel Antonio, quien hizo parte de la comandancia del Frente 18 de las FARC en el Norte de Antioquia y era conocido en la insurgencia como “Élmer Arrieta”.

Lo que responde el Alto Comisionado de Paz, es que “estamos en una campaña electoral, las FARC ahora son un partido político, no oficialista, contestatario, y por lo tanto su mensaje se concentra en la crítica, no hace reconocimiento de los logros del Gobierno en ninguna área, y su fuerza está en resaltar las cosas que faltan o que tienen errores”.

La implementación entre avances e incumplimientos

El balance del acuerdo depende de dónde se mire, anotó Ariel Ávila. Algo similar señaló el informe de Kroc, acerca de que en Colombia algunas lecturas tienden a mostrar el vaso medio vacío, mientras que una lectura comparada muestra un vaso medio lleno.

De manera concisa, Ávila reiteró que en la implementación del acuerdo salió muy bien el proceso de dejación de armas y la reducción de varios indicadores de seguridad. “Va más o menos bien el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que va lento pero ha arrancado; el Plan 51 x 50 de las vías terciarias y rurales; y la estrategia de seguridad para las zonas rurales que por fin se ha armado”.

Pero anotó que “va muy mal la política de reincorporación, salió muy mal el fast-track —para crear el marco normativo de los acuerdos—, y hay cosas que ni siquiera han arrancado como el tema de tierras y el tema de la reforma política. Es decir, en lo esencial se logó desmontar a las FARC como insurgencia, pero la implementación territorial va mal”.

De acuerdo con las cifras que reporta el informe del Instituto Krock, de las 558 disposiciones que conforman el Acuerdo Final, entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, se avanzó en la implementación de 251 disposiciones (45%), pero no se observó ninguna actividad en las 307 restantes (55%).

Entre las acciones que se deben implementar a corto plazo para garantizar el éxito del acuerdo, el Instituto Krock destacó avances en el funcionamiento de los mecanismos de implementación y verificación, y en la generación de bases normativas e institucionales requeridas. Sin embargo, advirtió que se requieren acciones más efectivas y urgentes para lograr el marco de implementación normativa, legislativa y administrativa del acuerdo, y para establecer medidas de seguridad y protección para los excombatientes de las FARC, los defensores de derechos humanos y las comunidades en los territorios.

Para Manuel Antonio González son varios los aspectos que no muestran avances significativos en la implementación del acuerdo por parte del Estado colombiano. Por ejemplo, el punto de desarrollo rural integral “no ha avanzado en la titulación y otorgación de tierra a los campesinos, ni ha avanzado en el desarrollo de proyectos productivos para las comunidades”.

Lo que dice el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, es que se debe comprender que “este es un proceso que por lo menos va a tomar 10 años. En el primer año no se podían cumplir todas las cosas, se podía avanzar, se podían cumplir los cimientos, pero cuando uno mira el acuerdo, hay muchas cosas que se van a cumplir en los siguientes años de la implementación”.

Reincorporación y JEP, dos temas críticos

En los últimos días, la discusión del proyecto de Jurisdicción Especial de Paz en el Congreso de la República, y las declaraciones del jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, acerca de los espacios transitorios de reincorporación, han desatado polémica y desconfianzas en la implementación del acuerdo de paz.

Sobre el primer asunto, Manuel Antonio González, recordó que la Corte Constitucional quitó la obligación de que los terceros civiles relacionados con el conflicto tuvieran que presentarse a la Jurisdicción Especial de Paz. De manera que, “así como va, la JEP va a quedar solo para nosotros los miembros de las FARC porque las terceras personas van si quieren. Además para los militares hay condiciones especiales”.

Esto se suma al veto que hizo el Congreso de la República a los defensores de derechos humanos, al incluir en el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP una inhabilidad según la cual no pueden ser magistrados de la jurisdicción, quienes “hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, o al Derecho Penal Internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organización o entidades que hayan ejercido tal representación”. Reforma que fue rechazada por organizaciones sociales y por el mismo Gobierno.

Todo esto se suma a la lentitud con que el Congreso ha tramitado el proyecto de la JEP, generando el riesgo de que dicha ley no alcance a ser aprobada. El problema con esto, opina Ariel Ávila, “es que estamos a cuatro meses de elecciones a Congreso y entonces lo que hay es un chantaje político. Aquí hay gente jugando en el tema de elecciones, hay un calendario electoral que se atravesó”.

Tras conocerse los cambios, el candidato presidencial del partido de las FARC, Rodrigo Londoño, envío una carta al secretario general de Naciones Unidas, en la que aseguró que “el senado colombiano ha procedido a pervertir lo aprobado en La Habana”, y manifestó que esto “evidencia una manifiesta violación de lo que se pactó entre las partes, poniendo de presente el desprecio absoluto por las denunciando que las modificaciones hechas por la Corte Constitucional le “”abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas”.

De igual manera, el asunto de la reincorporación se ha vuelto complejo. El pasado martes, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Jean Arnault, entregó un balance según el cual 55% de los miembros de las FARC han abandonado los Espacios Territoriales de Reincorporación.

Y si bien Arnault explicó que varios de los excombatientes han salido de estos lugares para reencontrarse con sus familias, para hacer política o para iniciar reincorporaciones individuales, también advirtió que esta situación se da por “la pérdida de confianza en las opciones que hay y por incumplimientos”.

El Alto Comisionado de Paz le salió al paso a la situación. Ante medios se declaró “sorprendido” por las declaraciones del funcionario de la ONU y afirmó que se trataba de algo “injusto” con los miembros con los miembros de las FARC que le apuestan a la legalidad. Además recordó que “que a partir del 15 de agosto los miembros en esas zonas ya estaban desarmados y tenían derecho a entrar y salir de esas zonas”.

Pero alrededor de la reincorporación hay otras dificultades. Manuel Antonio González denunció que por ejemplo en el caso del espacio territorial de Santa Lucia, en Ituango, Norte de Antioquia, “la infraestructura quedó en un 85% de su construcción, la vía quedó arreglar y las baterías sanitarias quedaron defectuosas”.

Pero además advirtió que el proceso de reincorporación en este sitio, como en otros, resulta difícil porque no se logran implementar los proyectos productivos para los excombatientes ni se les otorga tierra para que adelanten actividades agrícolas.

Y tal vez lo que resulta más grave es que “todo el consejo directivo del espacio territorial de Santa Lucia está amenazado”, denunció Manuel Antonio González, quien recordó que este año han sido asesinados tres exintegrantes de las FARC en Ituango. Desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados 25 miembros de esa organización.

De manera que la implementación del acuerdo de paz avanza, pero no al paso que muchos quisieran. El panorama para el 2018 no parece más fácil, pues la contienda electoral centrará la disputa entre los sectores políticos que le apuestan a la paz y los que se oponen a ella, y que seguramente utilizarán toda clase de artimañas.