Por: Cristian Zapata

El 27 de junio de 2017, Gustavo Moreno, jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía general de la nación, fue capturado en su oficina, en Bogotá, por una orden de arresto que había emitido una corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las autoridades detuvieron también el abogado Leonardo Pinilla, quien sería su compañero y mediador en todo el ilícito del que se les acusa.

Según la acusación de la autoridades norteamericanas, ambos estaban negociando con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, un estraperlo para deshacerlo de la docena de delitos con los que salió acusado de su gobierno, y que incluyen todos los carteles -de la hemofilia, de ciencia y tegnología, de las e.p.s.- además de un cargo por homicidio del que fue su jefe de regalías, Jairo Zapa, y quien, luego de un tiempo desaparecido, fue encontrado muerto y enterrado en una finca de propiedad del mismo gobernador. La denuncia tuvo repercusión nacional, y por ello, hoy día la viuda del señor Zapa y sus hijos se encuentran en el exilio, ante las amenazas recibidas.

El ex gobernador Lyons se encuentra radicado, y podría decirse escondido, en los Estados Unidos, y desde allí ha venido dilatando los procesos y las investigaciones que tiene en Colombia. Aplaza las audiencias, justificando su inasistencia por problemas de salud y demás.

Al parecer, según se desprende del relato de los hechos narrados en la acusación presentada en la Corte norteamericana, Moreno y Pinilla estaban ofreciendo al ex gobernador un paquete completo para asegurar la impunidad, trabajando lo dos en equipo. Pinilla, como su abogado -y ya lo es de varios de sus subalternos también enredados por los mismos carteles- asumiría su defensa ante proceso penal, llevado e impulsado por el fiscal Moreno.

Ambos se comprometían así a desacreditar los testigos y llenar con cargas exuberantes de trabajo a los investigadores designados para que no pudieran escudriñar demasiado en el asunto, hasta asegurarle una absolución total al injustamente acusado ex gobernador.

Tan pensado estaba el tema que alcanzaron a tener un lento proceso de negociación. En la Corte norteamericana están las varias grabaciones donde se puede ver cómo, de la tarifa inicial que se le pedía, un millón de dólares, lograron concertar después el negocio en 400 millones de pesos. De esa plata el exgobernador alcanzó a entregar a los dos abogados algunos adelantos. Ese dinero se entregó en Estados Unidos y fue gracias a eso que pudo ser rastreado y dio origen a todo este proceso penal en sus cortes que de otra manera, si siguiera dependiendo de la justicia colombiana, seguiría en la absoluta impunidad.

¿Quienes son este par de abogados aparentemente sin escrúpulos? Gustavo Moreno es un hombre joven: 36 años; que no obstante entró tardíamente a la abogacía. Hace apenas 10 años se graduó y, casi de inmediato, adquirió renombre como litigante. Defendió a varios parapolíticos, se volvió profesor universitario, publicó libros que lanzó en los hoteles más caros del país -el último en el hotel Santa Clara-, exhibía chocarreramente su dinero, y después de esa exitosa y corta carrera como defensor pasó a ser asesor en la fiscalía de Eduardo Montealegre primero, y un par de años después, la cabeza máxima de la unidad anticorrupción de esa entidad, en la administración de Martínez Neira.

La habilidad que siempre se le reconoció, como abogado y fiscal, fue el énfasis que hacía siempre en desacreditar los que para él son los falsos testigos. Es un orador anticuado, lleno de aspavientos y exhibicionismos que rayan en lo grotesco. Siempre martillando el tema de los falsos testigos que generan falsas culpables y e vuelven “el cáncer de la justicia colombiana”. Mantra que empezaron a repetir sus clientes acusados.

Algunas de sus frases célebres fueron reseñadas en el diario El Espectador (3 de julio de 2017). “Federico Nietzsche tiene una frase muy acertada que me gusta mucho: ‘El problema no es que me mientas, el problema es que ya no volveré a creer en ti’”. Y en otra ocasión, afirmaba: “La mentira en el proceso judicial también ha sido utilizada como herramienta política para eliminar adversarios”. Y otra más para rematar: “Prueba de ello es Jesucristo. Fue perseguido por los fariseos, por los rabinos, los escribas. Lo enjuiciaron en un proceso lleno de falsos testigos.”

Esa habilidad para desprestigiar testigos, -y podría decirse: para armar falsos “falsos testigos”- lo hizo famoso entre los parapolíticos y por eso se volvió el defensor de muchos. Y en su salto, de abogado defensor a fiscal, se dieron casos insólitos como de los de Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos. Políticos acusados de vínculos con paramilitares que fueron, primero defendidos por él, siendo su abogado, y después acusados por él, siendo fiscal. Una muestra de la falta de sentido común que la ley tiene a veces cuando es manipulada por expertos que la resquebrajan.

El caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos -exgobernador como Lyons- es el más escandaloso de todos. Y es que el corrupto fiscal anticorrupción no fue su único abogado. Cuando Moreno tuvo que dejar de ser su abogado para volverse su fiscal, su defensa en el proceso que se le lleva ante la Corte Suprema, fue asumida -adivinen por quién- por el voluntarioso abogado Leonardo Pinilla, el mismo que estaba oficiando como su segundón en el soborno a Lyons, lo que muestra que su trabajo al alimón viene de vieja data, y los servicios que ofrecen tienen ya ubicado una clientela potencial que incluye exgobernadores enchicharronados.

Pero la cadena de coincidencias absurdas sigue. Y es que ese proceso contra el doctor Ramos que aún no acaba, está por llegar a su fin con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que se tomará basada en la tesis que presentó el fiscal Moreno, como líder de la unidad anticorrupción, y según la cual toda la acusación a Ramos obedece a -adivinen, sí señor, como Nietzche y Jesucristo- un cartel de falsos testigos.

En otras palabras, pareciera que Ramos ya tenía contratado el paquete de servicios que Lyons no alcanzó a pagar. Pinilla como su abogado, incendiaba la Corte desprestigiando a los testigos, y Moreno, como su fiscal, aceptaba esa tesis y la presentaba diáfana ante la Corte para que los jueces la aprobaran.

El libreto lo armaba los dos abogados, con sincronía de relojero, y se lo daban a estudiar al doctor Ramos, que presume de leer mucho cuando está tras las rejas. Esto dijo Luis Alfredo Ramos en la última audiencia celebrada en su juicio, antes de la decisión de la Corte (El Tiempo, 6 de marzo de 2017): “Yo también soy víctima de falsos testigos. He recibido una comunicación de la Fiscalía donde da cuenta de cómo soy víctima y de quiénes.”

Adivinen de parte de qué persona de la Fiscalía había recibido esa comunicación...

El juicio penal en contra de Luis Alfredo Ramos se ha soportado sobre varias pruebas, pero principalmente, las de varios testigos que los sindican de tener relaciones con grupos paramilitares en distintas épocas de su actividad política. Algunos de esos testigos son: Mauricio Tejada, Juan Carlos Sierra, Andrés Vélez y Carlos Enrique Areiza.

El ahora capturado abogado defensor de Ramos, había tachado como falsos todos estos testimonios, presentando contra todos ellos denuncias penales por el delito de falso testimonios. Denuncias que la fiscalía de su secuaz Moreno ha atendido ágilmente, logrando avances en casi todos ellos, con excepción de la versión del “Tuso Sierra” que sigue siendo sólida.

Incluso, en el caso de Carlos Enrique Areiza, la fiscalía lo llevó a juicio y un juez de Medellín lo condenó por falso testimonio. En su proceso se mostraron contradicciones fáciles de ubicar en su versión, que la defensa de Ramos corrió a advertir. Como cuando el testigo refería que tenía videos de Ramos recibiendo dinero de los Castaño, en un ápoca en que no había teléfonos que pudieran grabar esos videos. Mentiras fáciles. Tan fáciles, que parecían puestas ahí para ser advertidas.

En el momento de la condena a Carlos Enrique Areiza, por falso testigo, la defensa de Ramos dio unas declaraciones públicas conde acusaban al senador Iván Cepeda de haber sido el instgador para que el falso testigo mintiera. Así se lee en El Colombiano (2 de diciembre de 2016):

“Según el abogado Leonardo Pinilla, apoderado de Ramos, Areiza dijo, meses atrás en la Corte, que el senador Iván Cepeda se reunió varias veces con él para pedirle declarar en contra de Ramos... La fiscalía avanza en otras denuncias sobre falsos testigos.”

Iván Cepeda es el conocido senador que se ha vuelto némesis natural del uribismo, la corriente política por la que Ramos espera ser presidente, y por tanto, un blanco fácil para apuntar el ventilador de los supuestos falsos testigos. Y ese abogado Leonardo Pinilla que menciona El Colombiano, es el mismo ya mencionado que ahora está preso junto con Moreno por fungir como su secuaz en las extorsiones a Lyons.

Ahora, con la captura de ambos, Ramos se quedó sin fiscal y sin abogado. Y sin son ciertas las vallas con las que llenó la ciudad de Medellín, y dice creer tanto en la verdad, debe explicar públicamente por qué tuvo como sus defensores a este par de personajes ahora presos, por ofrecer un montaje judicial a otro exgobernador, con las mismas tesis que él ha sostenido en su proceso penal.

Resultaría increíble que un par de pícaros naturales como Moreno y Pinilla, trabajaran con prácticas deshonrosas, en el caso del exgobernador de Córdoba, pero en cambio, asumieran con honradez y probidad e otro proceso del ex gobernador de Antioquia.

Alguien se tendrá que animar a contestar la pregunta básica: ¿El doctor Ramos tuvo durante su proceso penal el mismo paquete de servicios que los dos abogados zafios le estaban ofreciendo al gobernador Lyons?